La violencia contra la mujer: Las estrategias que han funcionado para combatirla

¿Cómo se han enfrentado las mujeres al flagelo de la violencia de género?

¿Qué caminos, estrategias y medidas han ideado para defender su integridad física y crear coaliciones y alianzas que les permitan lograr la justicia y la igualdad entre los géneros?

¿Qué ha funcionado bien y por qué, y cómo se pueden apoyar y ampliar sus esfuerzos?

La violencia contra las mujeres y las niñas es una forma virulenta de abuso y discriminación que no conoce de razas, clases sociales ni identidades nacionales. Adopta múltiples formas y puede ser física, sexual, psicológica y económica, aunque esas formas suelen estar todas interrelacionadas, pues desencadenan complejos efectos mutuos. Otros tipos específicos de violencia, como la trata de mujeres y niñas, trasciende con frecuencia las fronteras nacionales. Se calcula que cada año, hasta dos millones de personas, muchas de las cuales proceden de los más de 150 países que constituyen el “Sur global”, son objeto de comercio para la prostitución, los trabajos forzados, la esclavitud o la servidumbre. Al poner en peligro la seguridad, libertad y autonomía, de las mujeres y niñas, la violencia de género vulnera sus derechos e impide su participación plena en la sociedad y el pleno desarrollo de su potencial como seres humanos.

Una de cada tres

Aunque las estadísticas mundiales de la violencia de género varían de un lugar a otro, según las estimaciones, a lo largo de su vida, una de cada tres mujeres es maltratada, coaccionada para que mantenga relaciones sexuales o sometida a otros abusos. Entre el 30% y el 60% de las mujeres que han tenido pareja alguna vez han sufrido violencia física o sexual a manos de su compañero, y entre el 7% y el 48% de las niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 24 años afirman haber mantenido sus primeras relaciones sexuales bajo coacción, con los consecuentes riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA.

El costo de la violencia es extremadamente alto, ya que incluye los gastos directos de los servicios necesarios para tratar y apoyar a las víctimas y sus hijos y llevar a los agresores ante la justicia, y el costo incalculable del daño que puede infligirse a las familias y las comunidades a través de generaciones, reforzando otras formas de violencia prevalentes en la sociedad.

No obstante, las mujeres no han aceptado estas violaciones de su integridad física y mental, y se han enfrentado a la violencia de género diariamente, con acciones grandes y pequeñas, con o sin el apoyo de los Estados y los organismos internacionales. A través de actividades sancionadas por la sociedad, como la denuncia y el descrédito de los agresores, canciones y otras expresiones artísticas, el recurso a las redes confesionales, o las nuevas formas de organización transnacionales, las mujeres han establecido alianzas, han ejercido presión en los Estados y los gobiernos municipales, han evocado las normas internacionales de derechos humanos y han recurrido a las organizaciones continentales y regionales para llamar la atención sobre estas relaciones y prácticas sociales opresivas y exigir resarcimiento.

El “Sur global”

Según nuestros estudios sobre la mujer en el “Sur global”, suelen ser la pareja o los familiares quienes ejercen la violencia, mediante violaciones y ultrajes, prácticas de mutilación genital femenina en partes de África, el Cercano Oriente y el Oriente Medio, asesinatos por la dote en Asia meridional, el infanticidio de niñas, la selección prenatal del sexo y el abandono sistemático de las niñas, en particular en Asia meridional y oriental, el África septentrional y el Oriente Medio. Pero también pueden cometer violencia de género personas en puestos de confianza, como el personal internacional de la paz o funcionarios de la policía nacional en zonas de conflicto, que violan, acosan y explotan sexualmente a sus víctimas, con frecuencia como estrategia intencionada para humillar al adversario, aterrorizarlo y aniquilar una sociedad, como ocurrió recientemente en la República Democrática del Congo o Guinea.

Además, el Estado mismo puede infligir violencia mediante actos directos de comisión y omisión, o mediante actos y posturas militaristas de sus diversos mecanismos de represión, mientras que las políticas económicas y sociales del Gobierno pueden abocar sistemáticamente a grandes segmentos de la población, en particular los grupos desfavorecidos, las mujeres y los habitantes de las zonas rurales, a la pobreza, la privación y la indignidad, situaciones todas que pueden considerarse formas de violencia.

Las dificultades económicas agravan las circunstancias, en particular de las mujeres pobres que, por ejemplo, permanecen con parejas que abusan de ellas o adoptan prácticas de riesgo, como el comercio sexual, para sobrevivir. Incluso cuando las mujeres trabajan arduamente para salir de la extrema pobreza, pueden ser agredidas físicamente por conseguir la independencia económica, mientras que otras mujeres pueden ser acusadas de brujería o de cometer actos inmorales. Algunas también han sufrido violencia al intentar participar en elecciones locales o nacionales, como sucedió en Kenya en 2007, o en México, donde algunas mujeres casadas se han abstenido o han dejado de participar en proyectos de desarrollo porque sus cónyuges percibían su creciente empoderamiento como una amenaza a su autoridad patriarcal y las golpeaban para tratar de impedirlo.

Caminos y estrategias

En gran medida, fueron los movimientos sociales de mujeres y las organizaciones feministas quienes atrajeron la atención mundial sobre la violencia de género. Los colectivos de mujeres han creado redes nacionales, regionales y mundiales y han desempeñado una función primordial en la toma de conciencia y la reivindicación de un cambio positivo en las actitudes y prácticas comunitarias en relación con la violencia de género. Estas redes han inspirado diversas campañas que han transformado radicalmente las normas, leyes, políticas y prácticas. Encontramos también ejemplos destacados de liderazgo de mujeres en países en conflicto tan alejados unos de otros como Colombia y la República Democrática del Congo.

Las mujeres han exigido a sus gobiernos que armonicen la legislación local con los dictados de las normas internacionales de derechos humanos. En consecuencia, muchos países del hemisferio sur han promulgado leyes contra la violencia y el acoso sexual a las mujeres, han adoptado medidas encaminadas a lograr la igualdad entre los géneros y han coordinado las iniciativas nacionales a fin de asegurar la aplicación plena y efectiva de la legislación. Sin embargo, las leyes aprobadas no se han aplicado estrictamente y, en muchos casos, no están al alcance de quienes las necesitan debido al elevado costo de las demandas judiciales. Además, muchas iniciativas nacionales no cuentan con fondos suficientes, son de escaso alcance y están concentradas de manera desproporcionada en las zonas urbanas y prósperas, en detrimento de las comunidades rurales y desfavorecidas. Uno de los factores principales que impiden la aplicación efectiva de las leyes y políticas es la falta de voluntad política y de compromiso con la igualdad entre los géneros.

Las mujeres también han propugnado enérgicamente la reforma del sistema de justicia penal para que tenga más en cuenta sus necesidades. Piden que los jueces y los agentes del orden público reciban una nueva formación a fin de que atiendan con consideración a las víctimas y que se apliquen las normas internacionales y regionales de derechos humanos a los casos de violencia contra la mujer, se creen tribunales especiales o comisarías de policía con personal femenino y se establezcan procedimientos e instituciones de investigación dirigidos por personas cuyas actitudes sean reflejo de las de la sociedad en la que ejercen sus actividades.

La idea de que las mujeres entienden mejor las experiencias de otras mujeres y suelen poder comunicarse más eficazmente con mujeres de la localidad y servir de modelos para su empoderamiento ha llevado a la creación de comisarías de policía en el Brasil integradas únicamente por personal femenino, o a que en algunas misiones de consolidación de la paz de las Naciones Unidas haya mujeres en el personal de los cascos azules. La prestación de servicios de apoyo a las víctimas de la violencia, como albergues, gabinetes de asesoramiento jurídico y centros de ayuda psicosocial, ha sido decisivo en los esfuerzos de movilización de las mujeres. Los servicios disponibles no están concebidos para atender las necesidades específicas de la mujer y los que necesitan las mujeres no suelen existir. Las mujeres han decidido hacer las cosas por sí mismas porque las políticas nacionales no atienden muchas veces sus necesidades.

Organizaciones de mujeres de todo el mundo han abogado a favor de la lucha contra la violencia de género lo que también contribuye al éxito de la campaña del Secretario General “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres” y de la Estrategia y marco de acción para hacer frente a la violencia por motivos de género, del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Algunas de las cuestiones que abarca esa Estrategia y marco de acción son las siguientes:

Impunidad: la alta tolerancia existente hacia la impunidad, a la que se debe hacer frente y poner fin.

La prevención y la función de los hombres y los niños: en la actualidad, la mayoría de las organizaciones que luchan contra la violencia se dedican fundamentalmente a la prevención, centrándose de forma general en el trabajo con los niños y los hombres. Sin embargo, existe acuerdo en que esto debe hacerse sin permitir que los hombres se “apropien del problema” y que es preciso determinar la función de cada cual, incluida la de los hombres y los niños, en la lucha contra la violencia de género, respetando a la vez el liderazgo y la voz de las mujeres en la definición de esta cuestión.

Lucha contra las culturas de la violencia: la dinámica de la sociedad sigue favoreciendo la violencia de género, y las actitudes comunitarias tradicionales y contemporáneas que protegen a los agresores son un aspecto clave a ese respecto. Sin embargo, es importante revisar la forma en que se suele analizar la cultura en lo que se refiere a la violencia de género y ocuparse de las denominadas “prácticas culturales tradicionales” y otras formas de violencia que encuentran respaldo en las actitudes y prácticas contemporáneas.

Datos: se necesitan datos fiables sobre la prevalencia e incidencia de distintas formas de la violencia de género, así como sobre los métodos y estrategias que han funcionado mejor para reducirla en contextos diversos. Es necesario dedicar recursos para documentar los trabajos y contribuir a la constitución de un acervo más amplio de conocimientos en este ámbito.

Recursos: los gobiernos y la sociedad civil deben proporcionar recursos suficientes para la lucha contra la violencia de género en todos los ámbitos (desde la prestación de servicios y el acceso de las víctimas al sistema judicial, hasta la formulación de estrategias de educación y prevención), en particular a las personas que trabajan sobre el terreno, puesto que es allí donde deben sentirse primero los efectos de las intervenciones.

La reducción de la violencia contra las mujeres debería considerarse un indicador directo del desarrollo en general y, en particular, del grado de consecución del Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la igualdad entre los sexos. La atención y el apoyo políticos deben centrarse cada vez más en comprender las vías que adoptan las propias mujeres para hacer frente al persistente flagelo de la violencia de género, en particular en el “Sur global”.

Fuente: https://www.un.org/

Poner fin a la violencia contra las mujeres

La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y al país. Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo.

Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales. Nunca tantos países han contado con leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia. Sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas. Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la violencia, y cuando ésta ocurre a menudo queda impune.

Nuestras soluciones

El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en especial a través de sus recomendaciones generales núm. 12 y 19 y de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas. A nivel global, ONU Mujeres trabaja con los países para avanzar los marcos normativos internacionales prestando apoyo a procesos intergubernamentales, tales como la Asamblea General y la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. A nivel de país, ONU Mujeres trabaja para conseguir la adopción y promulgación de reformas jurídicas acordes con normas y estándares internacionales.

Colaboramos con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones para promover el fin de la violencia, aumentar la sensibilización sobre sus causas y consecuencias y fortalecer las capacidades de nuestras contrapartes para su prevención y respuesta. También promovemos la necesidad de cambiar normas y el comportamiento de hombres y niños, y abogamos por la equidad de género y los derechos de las mujeres. ONU Mujeres apoya la ampliación de acceso a respuestas multisectoriales de calidad para sobrevivientes, que incluyen seguridad, refugio, salud, justicia y otros servicios esenciales. Prestamos orientación para políticas públicas para ayudar a maximizar las inversiones destinadas a la prevención – la solución más rentable y de largo plazo para detener la violencia.

Trabajamos con gobiernos para desarrollar planes nacionales de acción dedicados a prevenir y abordar la violencia contra mujeres, fortaleciendo la coordinación entre actores y sectores diversos que se requieren para una acción significativa y de largo alcance. ONU Mujeres también aboga por integrar medidas de lucha contra la violencia en marcos estratégicos a nivel internacional, regional y nacional.

Fuente: ONU Mujer